A diferencia de la secuencia lógica del título de la ópera prima de Woody Allen , Toma el dinero y corre (1969), Pedro Sánchez y Francina Armengol han comenzado a correr, propaganda mediante, sin disponer todavía del dinero. El presidente del Gobierno lleva camino de perder la cuenta de las veces que ha presentado el destino de los fondos europeos para la reconstrucción de la economía sin otro bagaje que la grandilocuencia retórica, como si el anuncio trajera implícita la solución a la quiebra de tantas empresas; en el caso de Baleares, la presidenta divulga sus iniciativas para cambiar los ritmos de la Administración con el fin de tramitar las ayudas procedentes tanto del Gobierno de España como de Europa, cifras con muchos ceros en ambos casos.
Entre electrificación de la movilidad, hidrógeno verde y proyectos emblemáticos de salud personalizada de precisión, inteligencia artificial, adobado con carácter estratégico y salpimentado con modernización y digitalización, la palabrería se amontona y oculta la discrecionalidad con la que se ha dotado Pedro Sánchez para la distribución de los fondos europeos, cuando lleguen. El presidente no quiere controles y la posibilidad de contar, algún día en los próximos años, con hasta 140.000 millones de euros puede ser una tentación irresistible para hacer amistades.
Aunque se trata de dinero nacional, la subvención con tintes de escándalo, 53 millones de euros, a la compañía Plus Ultra, 0,1 % de participación en el mercado aéreo, es el ejemplo de cómo el presidente quiere disponer a su antojo y necesidades políticas del dinero público. De haberse aplicado las condiciones que su Gobierno impone a Baleares para la adjudicación de los fondos de ayuda directa a las empresas, la compañía se habría quedado sin subvención ya que uno de los requisitos es no haber registrado pérdidas antes de la pandemia.
Francina Armengol insiste en la velocidad de tramitación de los proyectos, para lo que se eliminan trámites para la gestión de fondos europeos, se podrán contratar personas a dedo vinculadas a esos proyectos y los funcionarios de la Administración podrán percibir «complementos de productividad» durante este año y el próximo, además del incremento de personal que ha supuesto la creación de una conselleria y una Oficina específicas para los fondos europeos. Que más gasto público no fuera a ser un obstáculo para amparar a las empresas. Al menos sobre el papel.
La realidad aconseja apelar a un cierto escepticismo a fin de prevenir un mayor desengaño. Y la realidad de la Administración es la que contaba en este diario (6 de abril) el constructor de una promoción de 14 viviendas a precios de entre 150.000 y 180.000 euros, muy asequibles por lo que rige en el mercado actualmente, y está fuera de duda que la vivienda accesible para una economía media es un serio problema en Baleares: necesitó dos años para obtener la licencia de obras del Ayuntamiento de Palma y el preceptivo informe del departamento de Recursos Hídricos del Govern.
La realidad es el comentario de un respetado empresario, muy vinculado al movimiento asociativo: «Con informes, contra informes, comisiones de estudio, mesas de diálogo y muchos etcéteras nos están enredando; si no llegan ayudas urgentes será imposible aguantar».