Lo peor, con diferencia, de este último episodio -que no será el que cerrará la serie, vendrán más, no lo duden – de avergonzamiento público de la justicia española por parte de la europea, a cuenta de la inmunidad de Oriol Junqueras, no es la cuestión en sí, ni siquiera lo es lo que supone para el personaje más odiado en la España profunda, Carles Puigdemont, ni, mucho menos, lo es el embrollo judicial que plantea. No, lo grave, terrible, es el silencio de los corderos en el Madrid oficial. Que dura desde hace demasiado tiempo.
¿Es que nadie en la Villa y Corte va a reaccionar, nadie tiene la mínima valentía como para reconocer no vamos bien, que así no, que hay que derogar los delitos de excepción y algunas sospechosas aplicaciones de ciertas leyes? Esto es lo que nos está diciendo la justicia en Europa en el último año y medio, o poco más. ¿O es que alguien es tan simple de creerse que cinco, ¡cinco!, decisiones judiciales europeas que enmiendan principios represores básicos de la ley hispánica en tan breve lapso de tiempo son una encadenación de hechos puntuales sin relación entre sí o, más alucinante todavía, resultado de una especie de conspiración contra España? Ni por remota casualidad. De lo que se trata es de serias advertencias en el sentido que un país básico para la Unión no puede estar aplicando ciertas normas excepcionales que no casan con la democracia e interpretando otras ordinarias de forma que en la práctica suponen un forzamiento brutal del Estado de Derecho. En España no hay presos políticos. Pero sí que se ha forzado la ley por razón política para que los presos independentistas paguen sus acciones porque de otro modo no podrían haber sido castigados preventivamente y luego en firme con tamaña desproporción. Esto es lo que le dice Europa a España, en el fondo. Y en Madrid nadie quiere darse por enterado.
En marzo de 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la condena a un año y medio de cárcel -con posibilidad de sustitución por multa económica – a dos separatistas catalanes que habían quemado fotos del Borbón que ocupaba en el momento de los hechos, 2007, la Jefatura del Estado, no era punible sino un ejercicio “de libertad de expresión política”. No era un bofetón, ni un varapalo, ni un golpe… No, era una enmienda a la totalidad de la existencia de la especial protección legal del Jefe del Estado. O de otra manera dicho: no hay democracia en la que exista esa excepcionalidad legal. La cual se pudo entender en su momento por la necesidad de dar estabilidad, cuando el país salía de la dictadura, al menos en la institución representativa, aislándola del debate político y de la crítica. Bien, pero eso ya es historia. No puede mantenerse la excepcionalidad por siempre, porque acaba por ser lo que Europa nos está diciendo que es: una aberración incompatible con la democracia. Sin embargo, nadie, nadie, ni una sola representación de ese Estado que tanto se llena sus bocas de decir que es de Derecho ha tomado en serio la decisión judicial referida. Nadie quiere ver lo que debe hacerse. Derogar esas antidemocráticas protecciones legales especiales de la Jefatura del Estado. Si no me creen, hagan el siguiente ejercicio: proyecten sobre la Jefatura del Estado de la República de los Estados Unidos de Norteamérica o sobre la del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte la misma protección legal excepcional que tiene la española y añádanle las críticas, burlas, escarnios, ofensas y ataques que reciben de forma habitual por parte de políticos, prensa y ciudadanos. Medio país respectivo estaría en la cárcel con los criterios de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional españoles.
Pero es que no se queda aquí la cosa. Tras esa sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos citada se han producido otras cuatro decisiones de las justicias de Bélgica, Alemania, Escocia -en relación a las extradiciones - y la Unión Europea -la inmunidad de Oriol Junqueras - que han rectificado de forma brutal las pretensiones represoras de las más altas instancias judiciales españolas al respecto de la persecución de los independentistas catalanes. Y en el Madrid oficial siguen silbando y mirando hacia todos los lados menos a Europa.
Es normal que los fascistas aprovechen todas esas lecciones de democracia y Estado de Derecho para intentar vender su antieuropeismo hasta ahora larvado,pues su aspiración es cargarse la libertad y nada mejor para conseguirlo que insistir en el “Spain is different” de siempre, en el discurso de “Santiago y cierra España” y los etcéteras típicos y tópicos que ayudan a carcomer el régimen de libertades. Lo preocupante no es eso sino esa costra de caspa solidificada en forma de perversión democrática que va notándose en muchos ámbitos del Estado y que da por “normal” todo lo que está pasando y que a la vez, de hecho, pretende que “no nos entienden” por ahí afuera para así justificar el mantenimiento de las excepcionalidades legales – a las que habría que añadir el bestial “enaltecimiento del terrorismo”, una absoluta vergüenza que convierte en delitos meras opiniones- , sin que al parecer haya la más mínima necesidad de preguntarse si no será que en lugar de ir mal todas las justicias europeas la que no va del todo bien es la nuestra.