Iniciado el juicio contra los dirigentes independentistas, se recrudece la propaganda de todas las partes, de forma que resulta a veces difícil discernir entre tanta impostura. No obstante, el meollo de todo es el mismo que ha sido siempre.
En España no hay presos políticos, al contrario de lo que dicta la propaganda secesionista. Si los hubiera los que pensaran como los acusados serían perseguidos. Y no lo son. Tan rotunda evidencia debería bastar para convencer a cualquiera de lo absurdo que es mantener la consigna. Sin embargo se sigue con ella, a despecho, incluso, de que Amnistía Internacional ya dejó claro que en nuestro país no constan presos de conciencia y por ende no hay nadie a quien se persiga por lo que piensa. Así es, se enjuicia, si acaso, por lo que se hace.
Y lo que hicieron los líderes separatistas fue llevar a cabo acciones políticas en contra de las órdenes recibidas por parte del Tribunal Constitucional. Al contrario de lo que dijo en el juicio Oriol Junqueras, hacer política pacífica puede ser delito. Aquí y en cualquier otro país democrático. Por supuesto. Lo es si así está tipificada la actuación política. En Alemania, por ejemplo, hacer política nazi o simplemente ejercer la libertad de expresión para abrazar en público esta ideología está prohibido – al contrario que en España, mismamente –; en Estados Unidos, como en España, se puede ser independentista – sí, no se rían, los hay, en Texas – pero no se pueden llevar a cabo acciones políticas en contra de la unidad federal del país – el año pasado el FBI abortó una reunión secesionista en ese estado -; en Francia se puede defender cualquier teoría separatista, pero cuidado con llevarla a la práctica que las penas pueden llegar a ser durísimas… Y no parece que nadie vaya a dudar de que Alemania, Estados Unidos y Francia sean democracias. Así que Junqueras no tiene razón y cuando Quim Torra dice que “la democracia está por encima de las leyes” está diciendo una simpleza que le retrata y que, además, es mentira.
Sin embargo no puede negarse que aquello que hicieron, y por lo que están enjuiciados, es política. Y cuando se conculca la ley por razón política no vale sólo aplicar la ley. Hay que tener en cuenta – siempre que se quiera solucionar la parte política del asunto, claro – esa motivación y abordarla de una manera u otra pero ahuyentando el ridículo y falso exorcismo de pretender que con ley se soluciona todo. Más que exorcizar es meter la cabeza bajo tierra, judicial.
Por esto el conflicto político catalán, como bien dijo en el juicio Junqueras, no se solucionará con la sentencia, sea cuál sea. No existe solución posible sólo con la ley. Antes o después la derecha tendrá que convenir con el socialismo – y dejando al neofascismo al margen, pues éste nunca aceptará la democracia – que hay que ofrecer una salida política al conflicto, y el separatismo democrático tendrá que aceptar – dejando de lado al ultra - que una España en la que Cataluña tenga un cierto blindaje de su autogobierno – respondiendo a la evidencia democrática que, junto al País Vasco, es diferente porque sus ciudadanos votan siempre diferente al resto -, aunque sea fáctico, en diferentes aspectos – lengua, financiación, etc. -, es la única salida aceptable para todas las partes.
No será fácil ni rápido, pero no existe alternativa.