El grupo hotelero Meliá anuncia un nuevo proyecto empresarial en el que, asegura, invertirá unos 135 millones en ocho años. En Mallorca. En Magaluf. Bien está. Cualquier inversión empresarial, y más si, como es el caso, viene desde una poderosa empresa multinacional, tiene que ser necesariamente bienvenida. Y las instituciones públicas, por supuesto, tratarlas entre algodones. Pero eso sí: siempre teniendo en cuenta, y haciendo prevalecer, el interés social, sin arrodillarse ante el inversor y naturalmente calibrando y estudiando muy bien cualquier cambio legal que la inversión pudiera requerir. Sin embargo en esta ocasión todo lo contrario ha sido puesto en escena: la empresa privada diseña un profundo cambio en una zona que le interesa a ella, en el cual hay un cambio de uso de un hotel –de turístico a residencial- hoy por hoy ilegal y, en fin, todo un diseño urbanístico que en cualquier otra región de España, y en todo el mundo, debe ir a cargo de la administración pública. Quien es la que diseña el urbanismo y, después, la empresa privada se adapta. Aquí en Baleares no va así la cosa. Aquí la empresa privada decide dónde quiere ganar dinero, diseña el cambio urbanístico que mejor le place, qué leyes habrá que cambiar y la administración, para el caso el Govern, aplaude con las orejas arrodillado mientras promete, o jura, mantenerse sumiso por siempre jamás. Y a casi todo el mundo le parece de perlas. Así somos.