El Gobierno acordó este martes, en Consejo de Ministros, remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El Ejecutivo de Pedro Sánchez carece de los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar estos cambios legislativos tras el rechazo de Junts, cuya portavoz, Míriam Nogueras, confirmó la presentación de una enmienda a la totalidad y denunció que esta iniciativa «dificulta trabajar» e impone una «fiscalización inaceptable» a las empresas.
La modificación fundamental, acordada con los sindicatos por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consiste en que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada hoy en cuarenta horas semanales por el Estatuto de los Trabajadores, ha de pasar a ser de 37,5, tal como recoge el pacto de gobierno suscrito por PSOE y Sumar. Para hacer posible su entrada en vigor y aplicación, es preciso contar con una mayoría parlamentaria.
Desacuerdo empresarial, del PP y PNV
Esta reducción de la jornada laboral, decidida por el Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT, provoca el rechazo de las patronales. El PP, como es habitual, también expresa su desacuerdo, mientras que el PNV tampoco ha garantizado su apoyo al advertir que carece del acuerdo con los empresarios y alerta del impacto sobre las pymes.
Valorar los riesgos, pros y contras
Aplicar una medida de este calado debería ser el resultado del entendimiento en el marco de la negociación colectiva, aunque ahora mismo se antoja como una opción quimérica. Aunque la reducción de la jornada laboral es una tendencia global, el Gobierno debería valorar también los planteamientos empresariales y su aplicación en sectores como la hostelería y la restauración que, en el caso de Balears, arrastran graves problemas para poder completar sus plantillas.