El Ajuntament de Palma multará con 260.000 euros al propietario de las 30 polémicas infraviviendas de Gomila. Lo más llamativo es que se trata de un policía local, expedientado y apartado del servicio, y que acumula otras viviendas precarias en la zona de Foners y en sa Indioteria, hasta sumar 68 trasteros-dormitorios. No es la primera sanción económica que recibe el dueño y hace unos meses la Conselleria d’Habitatge del Govern le multó con dos millones de euros por el mismo motivo. Las familias que alquilan estos pequeños habitáculos, de unos diez metros cuadrados, tienen que pagar entre 300 y 700 euros, pese a que las instalaciones, ubicadas en un sótano, carecen de la ventilación o la iluminación adecuada. El auténtico drama radica en que se trata de familias vulnerables, muchas integradas por migrantes sin recursos que no tienen más remedio que plegarse a condiciones inhumanas para poder tener un techo.
Peligro de accidente.
Está claro que los sótanos no están diseñados para acoger a tantas personas hacinadas en espacios tan reducidos. El peligro en caso de incendio o de fuga de gas es muy elevado. Las autoridades deben velar por la seguridad de esos precarios inquilinos y si las dependencias no están en condiciones, tienen que ser precintadas de manera inmediata. La integridad y dignidad de estas personas debe ser una prioridad para la Administración.
La crisis habitacional.
Esta dramática situación se enmarca en una emergencia habitacional sin precedentes que hunde a millares de familias que se ven incapaces de pagar alquileres desorbitados. Los poblados chabolistas se disparan en Palma, donde el Ajuntament ya ha censado 27 de estos asentamientos ilegales y la situación no parece que tenga solución a corto plazo. Esta crisis también es campo abonado para los miserables, a los que también hay que perseguir.