El Ajuntament de Manacor ha sancionado con 140.000 euros a los dos propietarios de un gimnasio que había sido habilitado para albergar un total de 26 infraviviendas en un edificio de dos plantas. El proyecto ya estaba culminado y contaba con baños y cocinas en las zonas comunes. Un celador municipal descubrió a tiempo las obras, que ahora han sido sancionadas porque carecían de la correspondiente licencia municipal. No se trata del primer caso conocido en la Isla. En Palma, la Policía Nacional detuvo a un agente municipal que alquilaba 68 viviendas precarias, que en realidad eran trasteros de dimensiones muy reducidas y por los que los inquilinos pagaban entre 300 y 700 euros. Al final, el Govern fijó una multa para el policía de 2 millones de euros, aunque ha sido recurrida. Las víctimas de estas tramas son familias vulnerables, muchas veces con hijos pequeños a su cargo, que no pueden permitirse una vivienda en condiciones debido a los precios disparatados de los alquileres y tienen que recurrir a este mercado negro.
Peligrosas condiciones.
El problema es que estos miniapartamentos no cuentan con las condiciones higienicosanitarias deseables y, sobre todo, carecen de las más mínimas medidas de seguridad para garantizar la integridad –y también la dignidad– de sus ocupantes. En caso, por ejemplo, de un incendio, se podrían convertir en una auténtica ratonera con dramáticas consecuencias para los ocupantes.
Mano dura.
Así pues, las administraciones y también la policía (si se cometen delitos) deben tener tolerancia cero con estas conductas de algunos particulares, que pretenden enriquecerse a costa de personas y familias sin recursos que han quedado desamparados por la crisis habitacional. Solo con multas ejemplares e incluso imputaciones se podrá contener esta peligrosa dinámica.