La comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Parlament emprendió ayer su andadura con la aprobación del plan de trabajo y la relación de comparecientes, entre los que no figuran ni la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ni la presidenta del Govern, Marga Prohens. En cambio, aparecen la presidenta del Congreso y expresidenta autonómica, Francina Armengol; el exministro de Fomento José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, así como los principales investigados en la causa abierta por la Audiencia Nacional, como Juan Carlos Cueto, Víctor de Aldama, José Luis García e Íñigo Rotaeche. Esta comisión es una iniciativa política de Vox y su objetivo consiste es investigar la compra, aprobada en 2020, al principio de la pandemia de la COVID-19, por parte del anterior Govern del Pacte, de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el ‘caso Koldo’.
Pagadas con recursos públicos.
Estos tapabocas, que debían impedir la transmisión y el contagio del virus, no eran de la calidad exigida para su uso sanitario, según certificó la Conselleria de Salud en cuanto se recibieron, por lo que quedaron almacenadas. De hecho, hoy continúan estando guardadas porque no llegaron a utilizarse. Es lógico, por tanto, que se investigue qué ocurrió y por qué este material sanitario se pagó con recursos públicos.
Trabajo, lealtad y seriedad.
Esta comisión parlamentaria adquiere sentido y rigor si se utiliza para investigar, no para descalificar. No puede ser transformada en un instrumento de desgaste del adversario y convertirla en disparadero de reproches y acusaciones. En las instituciones debe imperar la lealtad y el fair play. Los ciudadanos demandan explicaciones, trabajo y seriedad y rechazan el zancadilleo y las descalificaciones.