La supresión de la Comissió Balear de Medi Ambient, que el Govern de Marga Prohens argumenta en la necesidad de agilizar los trámites urbanísticos, suscita distintas reacciones. Desde el GOB afirman que «se ha construido el relato de que este órgano ambiental atasca, es un estorbo y se excede en sus funciones; un relato conspiranoico para justificar su eliminación». En cambio, la Asociación de Constructores de Balears manifiesta que «el funcionamiento actual de esta comisión supone un freno al desarrollo empresarial y provoca gran indefensión al ciudadano» por lo que reclama «cambios urgentes para que deje de ser un organismo arbitrario y con falta de rigor». Y Enric Taltavull, que forma parte de la junta de gobierno y el comité ejecutivo del Col·legi d'Arquitectes de Balears, realiza una valoración positiva al agilizar los trámites para los proyectos e inversiones urbanísticas con la reducción del tiempo de respuesta de las administraciones, que considera excesivo. Los ayuntamientos, a través de la FELIB, y los consells insulars también se han pronunciado a favor de cambios urgentes en este organismo.
Hallar el equilibrio.
El Govern ha de hallar el equilibrio para agilizar los informes medioambientales, tal como reclaman arquitectos, empresarios y promotores, y al mismo tiempo, ha de mantener los controles y garantías a través de las evaluaciones y autorizaciones. Pero su redacción no puede eternizarse en un laberinto de comisiones, subcomisiones y diferentes organismos externos.
Combinar rigor y rapidez.
El vicepresidente Antoni Costa, que denunció ayer la «politización» de la actual Comissió Balear de Medi Ambient, anunció la creación de un nuevo organismo evaluador –fruto del decreto de simplificación administrativa que se elabora– para agilizar los trámites. Debe imperar el sentido común, el respeto a los espacios protegidos y aplicar criterios que combinen rigor y rapidez.