El Govern de Marga Prohens promueve la legalización de las edificaciones ilegales construidas en suelo rústico cuyas infracciones ya hayan prescrito. Para ello exigirá a promotores y propietarios el pago de sanciones y multas cuya cuantía se determinará en función del volumen y superficie que hayan construido. Cada caso será objeto de un expediente concreto y no habrá generalizaciones. Es la misma filosofía del ‘decreto Company', que fue aprobado durante el Govern 2011-2015 al ser impulsado por el entonces conseller de Agricultura, Medi Ambient i Territori. Esta medida formará parte del decreto de simplificación administrativa anunciado por la presidenta Prohens, cuya redacción coordina ahora el vicepresidente Antoni Costa para agilizar trámites y conseguir una gestión administrativa más eficaz con menos papeleo y burocracia. El decreto, que constituye un compromiso político del Govern del PP para este mandato, incluirá medidas de naturaleza administrativa y también urbanísticas, entre ellas, la posible externalización de las licencias urbanísticas.
Edificios en un limbo legal
La cuestión clave para legalizar estas edificaciones ilegales construidas en suelo rústico consiste en que las administraciones ya no pueden actuar porque, por el tiempo transcurrido, han prescrito sus infracciones. Estos edificios se hallan hoy en un limbo legal, al no ser posible ordenar su demolición, pero tampoco poder llevarse a cabo obras de mejora.
Medida excepcional y advertencia
Esta iniciativa del Govern no puede interpretarse como una llamada a cometer nuevas infracciones. Hoy existe más control sobre las obras en suelo rústico. Es una medida excepcional para legalizar lo construido hace años porque ha prescrito. Es preciso advertir que no se admitirá la proliferación de nuevas obras en suelo rústico, y que ayuntamientos y consells actuarán con mano dura contra los infractores.