El próximo lunes concluirá el juicio por el llamado ‘caso Oposiciones', una supuesta trama corrupta en el cuartel de San Fernando de la Policía Local de Palma que permitió la filtración de los exámenes para la categoría de oficial. Lo primero que hay que destacar es que el juicio llega once años después de los hechos, lo cual es del todo inaceptable. Se trató de una investigación del polémico fiscal Miguel Ángel Subirán, que siempre creyó –sin fundamento– que había una conexión entre los presuntos amaños policiales y el empresario Cursach y los políticos José María Rodríguez y Álvaro Gijón. La idea del acusador era que los políticos y algunos empresarios colocaban a los mandos policiales afines en puestos claves para controlar el cuartel. Nunca se probó esa teoría, como la mayoría de investigaciones de Subirán.
Descrédito policial.
Lo cierto, en cualquier caso, es que no era de recibo que Enrique Calvo, el entonces director de Área de la Policía, tuviera en su poder una copia del examen y lo filtrara a un agente. Cómo lo consiguió es una de las incógnitas de este caso. Las diligencias de 2013 de la Guardia Civil también provocaron que dimitiera el intendente del 092, el comisario Antoni Vera, que tenía una carrera muy prometedora y había conseguido modernizar a la Policía Local. Vera ya fue perseguido injustamente durante años en el ‘caso Cursach' y tuvo que soportar una mentira tras otra de la madame, la testigo protegida del juez Penalva y de Subirán.
Demasiadas dudas.
En definitiva, la larguísima –casi eterna– investigación judicial no ha permitido hasta la fecha despejar las numerosas dudas e incógnitas del ‘caso Oposiciones' y sería de agradecer que la sentencia sí pudiera aclarar exactamente qué ocurrió con la filtración del examen. Así sabremos si se trató, de nuevo, de un asunto magnificado por los instructores. O no.