Al mismo tiempo que la ejecutiva socialista exige al exministro y exnúmero 3 del PSOE José Luis Ábalos que renuncie, antes de 24 horas, al escaño en el Congreso de los Diputados por «responsabilidad política», el Govern encabezado por Marga Prohens anuncia que se personará como parte perjudicada en las pesquisas judiciales por el ‘caso Koldo'. La Audiencia Nacional investiga el cobro de comisiones en la venta de mascarillas, al principio de la pandemia de COVID-19, a varias instituciones y administraciones, entre ellas el Govern del Pacte. La investigación salpica y compromete a Baleares por el contrato que firmó en 202o el IB-Salut con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, creada por Koldo García, que ejerció como asesor, colaborador y hombre de confianza del exministro Ábalos. Con aquel contrato, el anterior Govern pagó 3,7 millones de euros y recibió 1,4 millones de mascarillas que no se utilizaron. Llegaron a finales de abril de 2020, pero el 8 de junio de aquel año quedaron inmovilizadas en un almacén.
Una reclamación rechazada.
El Govern del Pacte inició, al final de su mandato, y con las elecciones autonómicas de mayo de 2023 ya convocadas, un expediente para reclamar a Koldo García la devolución de 2,6 millones de euros al no haber entregado el material acordado. La empresa del asesor de José Luis Ábalos respondió que las mascarillas entregadas respondían a «lo convenido» y rechazó la reclamación «por extemporánea».
Controversia política.
Estos hechos han suscitado una gran controversia política, con el PP que acusa al PSOE y Ferraz que reclama el acta de diputado a Ábalos. En Balears, Més y Podemos asisten a un rifirrafe que, más allá de las acusaciones, demanda explicaciones claras para determinar cómo es posible que el Govern pagase 3,7 millones por unas mascarillas que no se utilizaron.