Con una demora injustificable de once años, este miércoles se inició el juicio por el denominado ‘caso Oposiciones', que fue el embrión del ‘caso Cursach' y que en 2013 supuso la dimisión del jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Vera, y el cese del director general de Seguretat del Ajuntament, Enrique Calvo, por parte del alcalde de entonces, Mateu Isern. El caso estalló cuando un agente acudió a un notario asegurando que Calvo había filtrado siete de las preguntas al examen para oficial de la Policía Local y provocó que la Guardia Civil, en un operativo sin precedentes, procediera a registrar el cuartel de San Fernando. La crisis policial que se abrió entonces todavía no se ha superado del todo. En cualquier caso, la desastrosa investigación del juez Manuel Penalva y del fiscal Miguel Ángel Subirán condicionó un asunto que estuvo años bajo secreto de sumario, de forma inmotivada.
Buscaban a políticos.
Tal y como ocurrió poco después con el ‘caso Cursach', los instructores en realidad buscaban imputar a políticos destacados del PP, a pesar de que los indicios que apuntaban en esta dirección eran muy débiles. Se perdió un tiempo valioso para demostrar por qué aquellas preguntas se habían filtrado y tampoco aparecieron los ansiados políticos. La caza mayor de Penalva y Subirán, de nuevo, se quedó en un fiasco de investigación. Y llegados a este punto hay que recordar que el ya exjuez y exfiscal fueron condenados a nueve años de cárcel cada uno por el TSJIB.
Punto y final a un desastre.
Sea como fuere, el juicio pondrá punto y final a una serie de macrojuicios mediáticos que acabaron en nada, judicialmente hablando, pero que tuvieron unas consecuencias devastadoras para decenas de policías y funcionarios que fueron imputados y vivieron un auténtico calvario personal. Muchos de ellos, a día de hoy, siguen marcados por aquel desastre.