El policía local de Palma que fue detenido por el caso de las 68 infraviviendas alquiladas a familias vulnerables por precios desorbitados ha sido sancionado con una multa de dos millones de euros por el Servei d'Inspecció de la Conselleria d'Habitatge. Se trata del castigo más duro que se recuerda a un particular y será, sin duda, un aviso a navegantes sobre la tolerancia cero de la Administración con este tipo de actividades. En cualquier caso, es la parte administrativa del caso, pero luego quedan por dilucidar las supuestas responsabilidades penales de la investigación que abrió la Jefatura palmesana. Algunos de los locales alquilados eran trasteros de pequeñas dimensiones, sin baños ni luz natural, y las condiciones en las que vivían los inquilinos eran insalubres. Corrían el riesgo de enfermar.
Un castigo ejemplar
Ahora que la crisis habitacional se ha convertido en una pesadilla para muchas familias de Mallorca y para la mayoría de los jóvenes, que no pueden emanciparse por el precio de las casas y de los alquileres, la conselleria ha dictado un castigo ejemplar para este tipo de conductas, del todo irregulares. Lo más llamativo del caso es que el acusado es un policía de Palma, que debería tener una conducta intachable por su condición de agente de la Ley.
El caso viene de lejos
Se trata, además, de un caso que no es nuevo. En 2009 la entonces alcaldesa de Palma, Aina Calvo, contrató los servicios de unos detectives privados para investigar a una serie de agentes que tenían un absentismo laboral muy elevado o algunos negocios al margen de su trabajo. En aquella investigación exhaustiva, que en la época fue muy polémica, ya salió a relucir el nombre del ahora multado. Sin embargo, a lo largo de estos años nadie se ha interesado por sus alquileres masivos a familias con escasos recursos e inmigrantes. Era más fácil mirar hacia otro lado.