Este sábado este periódico publicó en exclusiva que la dimisión de la consellera d' Hisenda i Funció Pública del Consell, Pilar Bonet, no era «por motivos personales», como se había anunciado, sino porque está supuestamente implicada en un gravísimo desfalco cometido en la empresa privada para la que había trabajado durante décadas. Hay que recordar que Bonet también fue, durante la pasada legislatura, regidora d'Hisenda del Ajuntament de Llucmajor, cuando el alcalde era Eric Jareño. Ahora, la oposición pide que se revisen las cuentas -tanto del Consell como las municipales- para descartar que exista alguna irregularidad contable o financiera. Se trata, a todas luces, de un asunto muy serio que debe ser investigado hasta el final para depurar todas las responsabilidades posibles.
Rápida reacción del Consell.
En cualquier caso, es necesario destacar que el supuesto desfalco millonario se cometió en una empresa de handling y no en el ente público, y que la reacción de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y del presidente del Consell, Llorenç Galmes, ha sido rápida y contundente, sin titubeos o dudas. Nada más tener conocimiento de las graves sospechaban que pesaban sobre la consellera, fue obligada a dimitir para no dañar la imagen del Consell. La política, por su parte, no se opuso y aceptó la orden de sus jefes políticos.
Un juzgado decidirá.
Además, parece ser que la acusada niega de forma categórica todas las imputaciones y sostiene que podrá demostrar su inocencia, lo que presupone que el caso acabará en breve en los juzgados de Palma, que decidirán si hubo un saqueo sistemático de la caja de la citada empresa privada para la que trabajo Bonet durante tantos años. La cantidad supuestamente sustraída podría superar los dos millones de euros, lo que da una idea de la magnitud del desfalco que se está investigando.