La persecución de cualquier delito es un principio básico en un Estado de derecho y más aún si se trata de un ilícito cometido contra las administraciones públicas y que puede estar protagonizado por funcionarios y altos cargos. Esta base, también de manera evidente, entra en juego con las garantías de un procedimiento judicial y el respeto a todos los derechos. Ahora mismo, la investigación de más calado por corrupción en Balears es el ‘caso Puertos'. La jueza que lo instruye ha prorrogado de nuevo el secreto de sumario, una medida excepcional que, en esta causa, dura ya tres años y diez meses, un tiempo a todas luces inusual.
Exculpados.
En el mismo auto, la magistrada deja fuera de la pieza principal y de un número de investigaciones secretas que no se conoce a cuatro antiguos altos cargos de la Autoritat Portuària, entre ellos el exvicepresidente y el exdirector, si bien están en otras piezas. Todos ellos fueron arrestados en el estallido de la causa y ahora mismo son los únicos implicados que pueden saber exactamente a qué atenerse. En paralelo, la magistrada siembra sospechas por un documento que no aparece y que si es cierto que no existió, implicaría que Joan Gual no cometió con seguridad uno de los delitos por los que se le investigan.
Agilidad.
La prolongadísima duración del secreto del sumario en el ‘caso Puertos' tiene efectos indeseados. El primero, prolongar la situación de incertidumbre y la ‘pena del telediario' para los investigados. El segundo, afectar a una institución pública cuyo funcionamiento está bajo sospecha y que se encarga de gestionar una infraestructura absolutamente básica para Balears. El caso está en una fase de investigación inicial, en la que hay que concretar indicios. La falta de esa efectividad en la investigación siembra dudas indeseables.