El Régimen Especial de Baleares (REB), aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2019 carece aún del reglamento que concrete su aplicación efectiva. Se han desarrollado algunos aspectos, pero, cinco años después, precisa de un marco regulador para que sus medidas adquieran plena eficacia en los tres grandes ejes de actuación: transporte, energía y el factor de insularidad, un nuevo instrumento financiero cuyo objetivo consiste en aumentar la inversión pública en el archipiélago. Este reglamento constituye una asignatura pendiente no se puede seguir demorando porque, en caso contrario, el REB de 2019 quedará en una mera declaración de buenas intenciones. De ahí la trascendencia que adquiere la negociación en la que se hallan inmersos el Govern, a través de la Conselleria de Economía; y el Gobierno central, con el Ministerio de Hacienda, para alcanzar un acuerdo que permita obtener todos los beneficios de este régimen especial para Baleares.
Seguridad jurídica y agilizar los trámites
El conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, anunció ayer, en el encuentro que mantuvo con directivos de los cercles d'economia de Mallorca, Menorca y Barcelona, que las alegaciones presentadas por el Ejecutivo balear al futuro reglamento del REB quieren clarificar su contenido para aportar más seguridad jurídica, y, al mismo tiempo, reducir y agilizar los numerosos requisitos que se exigen en el decreto.
Incomprensible demora
No se entiende que, cuando han transcurrido cinco años, las actuaciones, medidas y mejoras contenidas en el Régimen Especial aún no se hayan definido. La aprobación del reglamento es una prioridad que exige entendimiento, voluntad política y lealtad institucional entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de Marga Prohens. Baleares no puede seguir sufriendo más esta incomprensible demora en el efectivo desarrollo y la plena aplicación del REB.