Un agente de la Guardia Civil de Mallorca se ha inscrito en el Registro Civil como mujer acogiéndose a la ley trans, que impulsó la exministra de Igualdad Irene Montero. Como reveló ayer este periódico, se trata de un caso inédito y también de una noticia que lleva implícito un avance social. Sin embargo, la aplicación de esta norma en cuerpos policiales no está exenta de polémicas y algunas voces alertan de que en los próximos meses se pueden registrar muchos casos de agentes que se declaran mujeres y que pueden darse fraudes de ley en busca de un ascenso o mejora laboral. Uno de los problemas que se plantea es qué cuarto de baño o qué vestuario deben utilizar los funcionarios que cambian de género o de sexo. En Palma, las fuentes consultadas por este periódico apelaron al «sentido común» y, en principio, no hay intención de construir nuevas instalaciones para que se cambien o se aseen.
La integración de la mujer.
En cualquier caso, lo cierto es que la mujer entró en la Benemérita hace casi 36 años, pero su presencia en las plantillas todavía es minoritaria. Hay cerca de un 12 por ciento del funcionariado policial que son féminas, pero se trata de una cifra pequeña en comparación con otras empresas o administraciones públicas. Tampoco hay que olvidar un detalle: en la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, el número de mujeres que ostentan cargos de mando es bastante mejorable.
Nuevos tiempos.
La ley trans debe ser una herramienta válida para combatir las humillaciones que podía sufrir en el pasado este colectivo y las injusticias históricas que el Gobierno debía reparar. Ahora bien, su aplicación en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado requiere de unos protocolos previos que deben estar perfectamente delimitados para evitar fricciones en las plantillas. Es una adaptación a los nuevos tiempos, tan necesaria como demandada por la sociedad.