El año está acabando y el mercado inmobiliario mallorquín sigue convulsionado, dando síntomas muy preocupantes para los residentes que buscan vivienda. Hoy publicamos que algunos alquileres se están convirtiendo en pujas, en las que se queda el piso aquel que ofrece más dinero y garantías al propietario. Una situación surrealista que era impensable solo hace unos años. Sin embargo, el ejemplo de Ibiza, donde empezó la crisis habitacional, dejaba ya entrever que la tendencia acabaría llegando a Mallorca, tal y como ha sucedido. Se trata de un asunto gravísimo y que, unido a los precios desbordados, dibuja un complejo panorama para las familias más vulnerables. El Govern, sin duda, debe priorizar las políticas encaminadas a paliar esta crisis porque de lo contrario una parte de la población quedará excluida y sin posibilidades de acceder a un techo digno.
Niños y animales.
En los últimos meses se ha evidenciado que muchos caseros no quieren alquilar sus casas a familias con niños pequeños o con animales de compañía, con la excusa de que pueden causar daños en el inmueble. Es una discriminación que no debe permitirse y que ahonda en la problemática para encontrar vivienda. Además, también se han detectado casos de racismo por parte de algunos dueños que no quieren arrendar sus propiedades a según qué colectivos o nacionalidades. Una dinámica intolerable que requiere de una respuesta contundente de las autoridades y Administraciones.
Infraviviendas.
En caso contrario, ejemplos como el del policía local de Palma detenido por alquilar 73 infraviviendas -que en realidad eran trasteros y sótanos insalubres- a inmigrantes en situación irregular, será una práctica extendida en toda la Isla. Que favorecerá la formación de guetos, como los que ya existen en grandes ciudades como París o Londres. Así pues, para la agenda política de 2024 la emergencia habitacional debe ser una prioridad. O luego ya será tarde.