Con el propósito de obligar al uso institucional del castellano y promover las modalidades insulares del mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense, Vox registró el 21 de septiembre en el Parlament una proposición de ley para la creación y regulación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. Las reacciones que provocó esta iniciativa consistieron en el desmarque del PP, que, a través del portavoz del Govern, Antoni Costa; y el portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, desautorizó el texto; las críticas y rechazo en bloque de los partidos de la oposición -PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos-; y una contundente advertencia de la Obra Cultural Balear. «Si se llegar a aprobar esta proposición del Vox, se abriría una oficina de persecución contra los catalanoparlantes», afirmó la OCB. Ahora el partido de Santiago Abascal anuncia la retirada de este proyecto legislativo, obligado por las vulneraciones e incoherencias jurídicas en las que incurre, que lo convierten en inaplicable; y prepara un texto alternativo cuyo alcance se desconoce.
Cumplir el Estatut d'Autonomia
Aunque el pacto PP-Vox para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern contempla la creación de una Oficina de Libertad Lingüística, lo cierto es que ambas formaciones no habían acordado su naturaleza ni definido sus funciones. El vicepresidente Costa declaró que «no habrá ningún texto que se apruebe en el Parlament que no cumpla el Estatut d'Autonomia» y el PP reclamó su retirada.
Inteligencia, respeto y tolerancia
Cuando las lenguas cooficiales han adquirido uso legal en el Congreso, Vox insiste en crear en Balears organismos de control y vigilancia. Las islas, comunidad bilingüe con lengua propia, que ha de ser protegida por su condición de minoritaria, no ha de entrar en una dinámica de crispación y ruptura de consensos. Corresponde al PP templar y atemperar los impulsos de Vox para aplicar criterios de sentido común, con inteligencia, respeto y tolerancia.