Los socialistas y Junts, la formación independentista de Carles Puigdemont, cerraron ayer el acuerdo sobre la amnistía a los secesionistas catalanes, que deja vía libre a la inminente investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El pacto presenta luces y sombras y nada más ser anunciado por Santos Cerdán y Jordi Turull, los negociadores, las cuatro asociaciones judiciales de España han suscrito un comunicado donde muestran su rechazo a las referencias al ‘Lawfare' o judicialización de la política. Al acuerdo histórico alcanzado ayer -que garantizar la investidura aunque no necesariamente la legislatura- se suman, pues, voces discrepantes, al margen de la contestación social en la calle y la indignación de partidos como PP y Vox. En cualquier caso, se intuye que el acuerdo no será un camino de rosas.
La sombra del referéndum.
En su rueda de prensa posterior al pacto, Puigdemont ya advirtió en este sentido: «A diferencia de la legislatura pasada, en la que Pedro Sánchez tenía la estabilidad garantizada desde el inicio, ahora se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo, día a día». Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación «sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución», mientras que el PSOE apostará por el desarrollo del Estatut de 2006. No es de extrañar que en el documento rubricado se hable de «profundas divergencias» entre ambas formaciones.
Los impuestos.
La nueva etapa que se abre en el conflicto histórico catalán, tras el ‘procés' de 2017 que desembocó en los graves incidentes del 1 de octubre, podría ser una oportunidad para intentar cerrar unas heridas que siguen muy presentes, aunque el Gobierno no puede ceder a chantajes e imposiciones. De hecho, una de las aspiraciones de los independentistas es la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, lo que podría poner en peligro la solidaridad entre regiones y avivar nuevos fuegos.