Las protestas ciudadanas contra la amnistía que ultima el Gobierno con los independentistas catalanes están adquiriendo una deriva preocupante tras la aparición de algunos grupos y elementos ultras que se suman a las manifestaciones y las revientan, sobre todo en Madrid. En Palma, la Policía Nacional está custodiando por las noches la sede del PSIB, junto a la calle Sindicat, donde estos últimos días se han concentrado decenas de ciudadanos con pancartas y banderas, para expresar su rechazo a la negociación. Los socialistas, en previsión de incidentes, han decidido que por las tardes la sede permanecerá cerrada, sin trabajadores en el interior, a fin de evitar altercados como los que se están registrando en la capital. No se trata de una medida excepcional, ya que el resto de sedes nacionales socialistas también la han adoptado.
El derecho a la protesta.
Es indiscutible que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a salir a la calle para protestar por lo que consideran oportuno, en forma de concentraciones pacíficas, pero también sería deseable que las propias formaciones políticas –especialmente Vox– no inciten los movimientos violentos, porque no se puede sacar rédito político de este tipo de situaciones. El papel de la Policía Nacional, y la supuesta desproporción a la hora de reprimir las manifestaciones de Madrid, también ha sido criticada por algunos partidos, aunque en realidad parece más bien que se trata de ultras que provocan a los agentes.
El domingo, ante la Delegación.
En este escenario de crispación y malestar, que se traslada a las calles, el domingo se ha convocado en Palma otra manifestación frente a la Delegación del Gobierno. El PP ha hecho un llamamiento a los suyos y también a los «socialistas desencantados» a sumarse a la convocatoria contra una amnistía que, según ellos, «vulnera la Constitución». La policía vigilará su correcto desenlace y es de esperar que el sentido común prevalezca y se trate de una reivindicación pacífica.