Ayer, después de 33 intensas sesiones, quedó visto para sentencia el juicio contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los cuatro agentes y mandos del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional juzgados por gravísimos delitos durante la instrucción del denominado ‘caso Cursach'. Se trata de uno de los procesos más polémicos y complejos de las últimas décadas, en el que ha quedado meridianamente claro –tras escuchar los testimonios de las víctimas– que los instructores abusaron de su condición y completaron unas pesquisas policiales y judiciales que, vistas ahora, horrorizan por su falta de imparcialidad.
Un caso inédito.
Afortunadamente, la desastrosa y posiblemente delictiva instrucción de esta macrocausa es una excepción en el funcionamiento de la Justicia mallorquina, donde se respetan los derechos de los acusados y se garantizan todas las salvaguardias constitucionales. No por ello, debe dejar de ser considerada como lo que es: una investigación escandalosa llena de irregularidades que, durante años, vulneró los derechos de un centenar de imputados. Muchos de ellos fueron víctimas de un linchamiento policial, judicial y mediático sin parangón en Mallorca, y después se demostró –mediante sentencia– que eran del todo inocentes.
Obsesiones y supuestos complots.
En el turno de la última palabra, el exjuez volvió a recurrir a los supuestos complots en su contra y a sus obsesiones de siempre: los fiscales y policías que lo investigaron –y que tienen una reputación impoluta– y este periódico, que fue el primero en denunciar públicamente, y de forma sistemática, las irregularidades que cometían. Ni Penalva ni Subirán han perdonado nunca que Ultima Hora publicara los escandalosos wasaps que confirmaron los excesos de los investigadores. Ahora solo cabe esperar una sentencia ejemplar para que la Justicia recupera la credibilidad perdida.