La supresión del carril bus-VAO de la autopista de Palma, una promesa electoral del Partido Popular, lleva camino de convertirse en una novela por entregas que no está dejando en buen lugar al Consell de Mallorca, que carece de competencias para eliminar la vía de forma unilateral. Sólo la Dirección General de Tráfico (DGT) puede decidir sobre la permanencia o eliminación del carril. Esta circunstancia obliga al gobierno insular a argumentar su decisión ante la DGT, circunstancia que ha desatado una tormenta en pleno mes de agosto.
Ideología política.
Cabe recordar que la aparición del carril bus-VAO obedecía a la intención del pacto de izquierdas, que ha gestionado el Consell durante los últimos ocho años, de potenciar el uso del transporte público. La oposición, que ahora está en el poder, siempre se mostró contraria a esta vía y fue uno de los caballos de batalla del propio Llorenç Galmés durante la campaña electoral. Objetivamente, no existen datos que corroboren si se ha cumplido la aspiración del Pacte, pero tampoco está claro que su supresión vaya a solucionar los problemas de tráfico que padece Palma. En el fondo, todo parece ser una cuestión de ideología política.
Estrategia débil.
Partiendo de la base de que cualquier posición, si está argumentada, merece ser tenida en cuenta, el Consell se está encontrando ahora con que su estrategia para defender ante la DGT la supresión del carril se está debilitando con el paso de los días. Si el lunes el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, aseguró que el carril bus-VAO de la autopista de Llevant es «ilegal» porque incumple una instrucción estatal, circunstancia que desmintió el propio Ministerio de Movilidad al cabo de unas horas, ahora resulta que el documento en cuestión lleva la firma del mismo técnico que ordenó habilitar el carril. Casi todo parece poco serio.