Desde la mañana de este jueves estará operativa en Mallorca la plataforma Uber de VTC (vehículos de transporte con conductor), un servicio que se plantea como alternativa al taxi tradicional y cuya implantación origina un mutuo enfrentamiento y controversia con el sector. De momento no es el caso debido a que los servicios que se ofrecen no afectan al grueso de la demanda, toda vez que están destinados a un segmento de clientela muy determinado y con unos requisitos previos a la hora de la contratación. Hasta ahora Balears tiene vetada la entrada de las plataformas de VTC mediante una ley autonómica vigente desde 2019.
Licencias previas.
Uber explotará licencias previas a la entrada en vigor de la ley balear y en unas condiciones acordes con la normativa del Govern, el cual ha adelantado que está dispuesto a controlar por medio de los correspondientes servicios de inspección. En especial en lo que hace referencia al origen de la licencia y la garantía de que el servicio se demanda con los treinta minutos de antelación que se exigen en las Islas. Sin embargo, la llegada de Uber –de momento sólo en los municipios de Palma, Calvià, Andratx y Llucmajor–, como el resto de plataformas, supone una modificación del esquema tradicional del taxi, un servicio público de transporte que trabaja a partir de licencias administrativas de los respectivos ayuntamientos y cuyos precios están intervenidos.
La exigencia de dar un buen servicio.
El eje central del problema no es otro que la necesidad de ofrecer un buen servicio de taxi al cliente, que se siente perjudicado por un modelo que ha quedado colapsado por la demanda; en especial durante los meses de temporada turística. Las medidas coyunturales, como las licencias temporales, son insuficientes para garantizar el acceso ágil a un servicio de taxi en la práctica totalidad de los municipios mallorquines. Esta es la cuestión a resolver.