El porcentaje de personas en Baleares que están en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en un 21,5 %, en línea con la media de España, después de la crisis provocada por la COVID-19, según el informe de la European Anti-Poverty Network (EAPN), una plataforma europea de entidades sociales, que fue presentado ayer. A pesar de la leve mejora registrada en el archipiélago, EAPN alerta de que no se puede obviar que este porcentaje supone que más de 263.000 ciudadanos la islas sufren pobreza o exclusión y que, por tanto, todavía queda mucho camino por recorrer.
Porque, al mismo tiempo, aumentan los retrasos en el pago de la vivienda, con un incremento del 8,9 por cien –del 17 al 25,8 por cien de la población– y se incrementa en un 4,5 por cien el número de quienes no pueden comer carne o pescado cada dos días. En Balears, la población en riesgo de pobreza severa ha disminuido en 10.000 personas al pasar del 9,2 por cien en 2021 al 8,4 por cien; mientras que la población con privación material severa se ha reducido en 2.228 personas, del 8,5 por cien al 8,3.
Aportaciones públicas.
Gracias a la acción de las administraciones públicas se consigue contener la pobreza en Balears, donde se redujo en un 9,1 por cien. Si no existiera ninguna aportación pública, dos quintas partes de los hogares de las Islas contarían con unos ingresos por debajo del umbral de la escasez. Del mismo modo, la pobreza severa se frena con las transferencias de rentas. Sin estas aportaciones se triplicaría hasta el 26,6 por cien, agravando la situación.
Invisibilidad y empobrecimiento.
El informe de EAPN desnuda la realidad social de Balears con las dificultades para acceder a la vivienda, conseguir un empleo, pagar el alquiler y tener una alimentación equilibrada. En definitiva, una vida digna y en condiciones. La invisibilidad de las situaciones de empobrecimiento aumenta la indiferencia así como la capacidad para darles respuesta.