El acuerdo del Gobierno con los sindicatos para reformar el sistema de pensiones –que no ha incluido a las asociaciones empresariales– fija los objetivos de retrasar la edad de la jubilación y que el retiro voluntario anticipado sea penalizado con cuotas reductoras aplicadas a la prestación. Según el Gobierno, la reforma introduce la equidad y la sostenibilidad en el sistema, pero la patronal discrepa porque gran parte del esfuerzo para incrementar la recaudación recae sobre las empresas. PSOE y Unidas Podemos prevén obtener un aumento importante de los ingresos con el incremento de las máximas, por encima de los 4.495 euros mensuales actuales. La Seguridad Social, como determina la Constitución española, ha de garantizar unas «pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente», con un modelo de financiación basado en el reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores han de cubrir las prestaciones de los pensionistas con criterios de proporcionalidad y suficiencia.
Gastos impropios de la Seguridad Social.
Pero, según acaba de desvelar el ministro José Luis Escrivá, la Seguridad Social ha destinado 140.000 millones de euros estos últimos treinta años para pagar prestaciones no contributivas, el complemento mínimo de las pensiones, bonificaciones de cuotas y ayudas por nacimiento con una aportación mayor a la efectuada por el Estado vía Presupuestos Generales. Son «gastos impropios» que deberían haberse cubierto mediante la recaudación tributaria.
Envejecimiento y cotizaciones.
Es preciso diseñar un sistema que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuestionado por el envejecimiento de la población, las reducidas bases de cotización de los jóvenes trabajadores y el impacto del paro. El Gobierno ha de hablar claro y evaluar la jubilación de la generación del ‘baby boom' –los 14 millones de nacimientos registrados en España entre 1957 y 1977– y tener en cuenta a quienes presentan unas peores carreras profesionales.