No se adivinan soluciones a corto plazo al problema de la vivienda en Baleares, comunidad en la que el esfuerzo financiero para adquirir un inmueble triplica la media del Estado y en la que el precios de los alquileres es prohibitivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Las propuestas planteadas por los gestores institucionales para resolver la situación fracasan una y otra vez. Lo demuestra la nula respuesta a la reconversión de los establecimientos hoteleros –obligados a destinar la mitad de los pisos a VPO–, la escasísima aportación de las entidades financieras para ofertar casas con rentas bajas o, por ejemplo, el fracaso en la promoción de la construcción de viviendas en régimen de cooperativa. La última de las propuestas es la prohibición de venta de inmuebles a los no residentes, medida con la que se quiere frenar las inversiones especulativas.
Las exigencias del mercado.
A pesar del esfuerzo realizado por ampliar al parque de vivienda pública, tanto en régimen de alquiler como de venta a precio tasado, su incidencia en el mercado ha sido nula. La demanda supera con creces la demanda a pesar de la cotización al alza de los inmuebles de todo tipo. La cuestión es que en el marco económico en el que se encuentra Balears y España es preciso cumplir con las exigencias mínimas de las leyes de oferta y demanda, las cuales no se solventan con gestos más o menos ocurrentes o con proyectos legislativos que espantan la inversión por incumplir el marco de las normas comunitarias. Así no se resuelve el problema.
Tomar la iniciativa.
Ha llegado el momento de exigir que las instituciones aporten soluciones factibles, muchas de las cuales pasan por liberar suelo público y suavizar las tasas municipales a los promotores que se comprometan a ofertar viviendas de calidad razonable a precios asequibles. No es el momento de seguir planteando quimeras en una cuestión tan sensible como ésta. No hacerlo es una invitación al estallido de la burbuja social.