La entrada en vigor en Canadá de la prohibición de adquisición de viviendas por parte de extranjeros, en concreto aquellas que no están destinadas a ser la vivienda habitual, ha sido el pretexto del vicepresidente del Govern y titular de la Conselleria de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, para reactivar el debate para la aplicación de una medida similar en las Islas. El objetivo del Gobierno de Justin Trudeau y de Yllanes es similar: frenar el incremento de los precios en el sector inmobiliaria. La presión especulativa que ejercen los inversores extranjeros en Balears –corporativos e individuales– se entiende como un factor determinante en el alza de las operaciones de compraventa.
Marco jurídico diferente.
La limitación que propone el vicepresidente Yllanes y en la que quiere comprometer al Gobierno español supone la ruptura del marco jurídico que impone la pertenencia a la Unión Europea, cuyo tratado sólo contempla unas excepciones mínimas a la libre circulación de bienes y personas; condicionantes que no tiene Canadá. No cabe duda de que el apoyo del Gobierno central es indispensable para abordar con éxito esta iniciativa, pero también el del resto de socios europeos en lo que sería la modificación de las condiciones de adhesión de España a la UE. Por tanto estamos ante un proceso que se adivina complejo y largo, tanto desde la óptica política como administrativa.
Calcular las consecuencias.
Activar una propuesta de estas características entraña serios riesgos que pueden poner en entredicho la imagen de Balears en los mercados internacionales, además de suscitar el debate en la misma sociedad balear sobre un tema de esta trascendencia. En una economía abierta siempre pende la amenaza exterior, más en un caso como el de unas islas con un territorio limitado y una enorme presión demográfica, factores determinantes desde hace décadas en nuestra Comunitat.