El enfrentamiento político del Gobierno y el Partido Popular, el principal partido de la oposición, ha acabado generando una auténtica batalla que está poniendo en jaque las propias estructuras del Estado. Con una resolución inédita, el Tribunal Constitucional –a la hora de resolver un recurso interpuesto por los conservadores– ha bloqueado en el Senado la renovación de sus propios miembros que han superado con creces la duración del mandato debido, precisamente, al enfrentamiento crónico de las dos grandes formaciones estatales. Un auténtico galimatías del que cada vez es más complicado adivinar una salida razonable para todos los actores.
Los jueces como palanca política.
En todo este fenomenal embrollo hay un aspecto censurable en el PP, como es la utilización de los cambios en los principales órganos judiciales –el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional– como arma política para deteriorar al Gobierno, y de manera especial al presidente Sánchez. Carece de toda lógica un bloqueo que perpetúa una representación en los principales órganos de la judicatura que no se corresponde con los resultados electorales, un mandato que tiene su origen en la propia Constitución. Este es el punto de partida de este gravísimo conflicto institucional, acentuado por la proximidad de las elecciones locales y autonómicas de mayo.
Mantener las formas.
Hay, sin embargo, un error de bulto por parte del Gobierno. Los cambios del marco jurídico para la renovación del CGPJ y el Constitucional no pueden convertirse en un trágala legislativo, las formas en un Estado democrático son esenciales. Los cambios propuestos desde el Gobierno para desbloquear la situación deben contar con todos los requisitos, actuar a la brava sólo añade descrédito a las instituciones. Los ciudadanos no pueden entender como la falta de diálogo y consenso puede alcanzar tal grado de insensatez por parte de los líderes políticos.