El personal sanitario, médicos y enfermeras, del sistema público de Baleares ha quedado exento de acreditar su conocimiento del catalán, lengua cooficial de la Comunitat Autònoma, como requisito previo para su contratación. Además, también se ha derogado el plazo de dos años que se había establecido para acreditar un nivel básico de conocimiento del idioma propio de las Islas. La decisión se justifica en la necesidad de cubrir las plazas vacantes con profesionales de otras regiones españolas e incluso del extranjero, circunstancia que da cuenta de la magnitud del problema.
Un problema crónico.
La actual situación perpetúa un marco privilegiado para el personal sanitario de las Islas. Los diferentes gobiernos de Balears siempre han aceptado esta anomalía justificándola en la necesidad de atender una demanda asistencial creciente. Del mismo modo que resulta difícil de justificar la no contratación de un médico o una enfermera por el desconocimiento del catalán, también resulta incomprensible que se admita la prolongación de lo que es una clara lesión de los derechos lingüísticos de los pacientes. Cualquier ciudadano debe poderse dirigir a un trabajador público en cualquiera de los dos idiomas oficiales, castellano o catalán, incluso si es un profesional de la sanidad.
Buscar soluciones.
Por respeto a la ciudadanía y en defensa de sus derechos, el Govern debe afanarse en resolver este conflicto social. Hace un año que el Tribunal Supremo ya advirtió de que la ‘normalización lingüística' de los médicos y enfermeras debía canalizarse mediante una ley y no un decreto, vía sobre la que no parece que se haya querido avanzar hasta llegar al punto actual en el que las necesidades ya desbordan el sistema sanitario público. Este no es un tema a justificar, plano en el que siempre se impone el utilitarismo, se trata de defender los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.