Los dos últimos episodios de violencia extrema que se han desencadenado en dos sucursales bancarias okupadas de Palma, con la intervención incluso de integrantes de bandas latinas llegados desde la Península, ponen en evidencia el avance de los grupos de narcotraficantes hacia el interior de la ciudad. Los enfrentamientos de ayer y anteayer, de una dureza inusitada, obligaron a un destacadísimo despliegue policial además de acrecentar el temor del vecindario. Sorprende, también, que uno de los locales se encuentra a apenas unos metros de la sede central de la Policía Local palmesana.
Pura delincuencia.
La condición de okupas de los residentes en las dos antiguas sucursales bancarias es irrelevante cuando se destapa el origen de las batallas campales que han tenido lugar estos días. La cuestión es la progresiva invasión de centros de venta y distribución de droga en zonas de Palma que nunca habían conocido este fenómeno. La pasividad institucional en estas circunstancias es la garantía absoluta de la degradación de los barrios afectados. Es una cuestión en la que la capital balear tiene ejemplos suficientes en el pasado. La situación requiere una intervención urgente; unos pocos no pueden destruir la convivencia ciudadana en todos sus sentidos.
Presión policial y social.
Aunque en otro contexto, amplias zonas de Palma fueron golpeadas por el narcotráfico y la delincuencia. Barrios como sa Calatrava, es Jonquet o el Puig de Sant Pere –entre otros– tuvieron que ser rescatados durante el último tercio del pasado siglo para evitar su conversión en guetos intransitables y con sus vecinos expulsados. Es preciso mantener la presión policial para ahogar el narcotráfico en estos locales que se adentran en la ciudad. La estrategia debe contar también con acciones de índole social para desactivar de raíz un comercio del que nadie sale beneficiado.