El compromiso anunciado este viernes por la titular del Ministerio de Justicia, Pilar Llop, de construir un complejo que unifique todas las dependencias judiciales en Palma supone un enorme salto cualitativo para el conjunto de la sociedad mallorquina. El ejercicio de la justicia en nuestra Isla, un mal compartido con el resto de la Comunitat, está lastrado por una clamorosa falta de medios; tanto de personal como en infraestructuras. La inversión anunciada ayudará, sin duda, a paliar una parte importante de las actuales carencias.
Reivindicación histórica.
Han sido innumerables las ocasiones en las que el colectivo de jueces y magistrados han puesto de manifiesto la falta de medios necesarios para atender la creciente ligitiosidad que se registra en Balears, circunstancia que se traduce en clamorosos retraso en la tramitación de los asuntos; los ciudadanos sufren con resignación las consecuencias de una situación a la que, atendiendo a las palabras de la ministra Llop, parece que ya se le quiere poner fin. La adquisición de los terrenos en las inmediaciones del hipódromo de Son Pardo permite albergar serias esperanzas de que el problema está en vías de solución.
Una nueva etapa.
Aunque no puede dejarse en el olvido la larga espera en la modernización de unas infraestructuras que ya habían quedado obsoletas, las nuevas instalaciones, la llamada Ciudad de la Justicia, que se construirán en Palma abren una nueva etapa en todos los servicios judiciales. La agrupación de juzgados y dependencias permitirán dotar de más eficiencia a un un sistema como el actual; caracterizado por la dispersión. Con todo, hay un tema que no puede soslayarse y es el de la transferencia de la competencia de Justicia, paralizada por la insuficiente dotación económica desde Madrid. En esta cuestión también queda pendiente la ampliación en el número de juzgados, otro tema que se debe abordar con urgencia.