El ‘caso Cursach', que tantas páginas ha ocupado en la prensa mallorquina durante los últimos años, se desplomó ayer en la Audiencia de Palma como un castillo de naipes tras la renuncia de la Fiscalía a seguir acusando a los policías locales procesados. La decisión no supone el fin judicial del polémico asunto; aún quedan acusaciones particulares que pueden ejercer sus derechos, pero deja la instrucción seriamente tocada. Es más que probable que todos los acusados queden absueltos.
Una instrucción desastrosa.
La retirada del Ministerio Público –un asunto sobre el que se venía rumoreando en las últimas semanas, conforme se hundían las declaraciones de los testigos– evidencia el clamoroso fracaso de una instrucción liderada durante años por los díscolos Manuel Penalva (juez) y Miguel Ángel Subirán (fiscal). Ambos, dirigiendo al Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, crearon un clima de terror que acabó con más de un centenar de policías, funcionarios y políticos imputados. Muchas familias vivieron un calvario al ver su honor públicamente mancillado y sin la posibilidad, aunque fuera remota, de poder defenderse de unas acusaciones monstruosas. No hay que olvidar que acusaron a servidores públicos de consumir drogas, frecuentar prostitutas y recibir sobornos, entre otros delitos.
No puede volver a repetirse.
Pero Penalva y Subirán no estuvieron solos en la calamitosa instrucción. Otros jueces y fiscales apoyaron las diligencias de la trama, a pesar de que este diario denunció, de forma reiterada, el alud de irregularidades y las sospechas que se cernían sobre una investigación que cada vez era más controvertida. Testigos con un nivel de credibilidad bajo mínimos, ausencia de pruebas y el abuso en el envío a prisión de muchos policías locales dieron forma a una causa que pretendía ser el mayor caso judicial de Balears y ha acabado siendo un fiasco monumental. Un desastre que jamás debería volver a repetirse.