El anuncio de la marcha de las cinco religiosas pertenecientes a la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, fundada en 1842 por la francesa Juana Jugan, deja en el aire la continuidad de la labor en materia de asistencia social que vienen realizando en Palma desde 1877. El imponente edificio de la calle del General Riera es todo un referente en la labor de las Hermanitas, las cuales la han desarrollado siempre al margen de las ayudas públicas y gracias a una tupida red de colaboradores desinteresados en todos los ámbitos de la sociedad mallorquina; una prueba de su reconocimiento y prestigio acumulado en todos estos años.
Reacción inmediata.
La falta de vocaciones y los elevados costes del mantenimiento de la residencia de ancianos explican la decisión tomada por parte de los responsables estatales de la Congregación, aunque todo indica que la marcha de las cinco monjas –dos de ellas ya jubiladas– no obliga al cierre de las instalaciones que atienden a casi setenta personas en la actualidad. Las religiosas están dispuestas a transferir la gestión del centro, pero exigen garantías en relación con el espíritu de las Hermanitas de los Pobres. Durante décadas, ellas fueron de las pocas instituciones que atendieron a los más desfavorecidos de la Isla cuando la asistencia pública era inexistente o muy escasa; por fortuna la Conselleria d'Afers Socials ya ha manifestado su interés por incorporar el complejo a la red pública.
Oferta insuficiente.
Desde el primer instante debe quedar descartada cualquier opción que contemple el cierre de la residencia de las Hermanitas de los Pobres, las carencias actuales con respecto a las necesidades son lacerantes; un proceso que se incrementará en las próximas décadas. En este escenario carecería de sentido desentenderse del futuro de estas instalaciones por parte de la Conselleria, aunque no hay duda de que la última palabra la tienen las propias monjas.