El acuerdo alcanzado por el Govern con la representación sindical de sus trabajadores permitirá mitigar el impacto del IPC en las plantillas de funcionarios de la Administración autonómica y empresas públicas, un 1,5 por ciento con efecto retroactivo que sin duda será una ayuda en unos momentos en los que la inflación está castigando con dureza la economía; y de manera muy especial a las familias. En este sentido parece razonable que se adopten este tipo de medidas, las cuales en mayor o menor grado también deberán adoptarse en todos los sectores productivos.
Buenos ingresos fiscales.
Cabe señalar que el conjunto de la Administración tiene con la inflación una vía de ingresos fiscales suplementada, en especial con el Impuesto sobre el Valor Añadido. El aumento del IPC conlleva, también, un aumento de la recaudación tributaria. Desde esta perspectiva, la compensación que recibirán los trabajadores públicos de Balears, auspiciada por un acuerdo estatal recogido por el Gobierno, podrá ser asumida sin grandes contratiempos por las instituciones afectadas. Cabe recordar que el Govern, como el resto de autonomías, también figura en el reparto del IVA y otros tributos.
Apuntalar la economía.
En las actuales circunstancias, con una inflación lejos de poderse considerar controlada, sería un error no tratar de amortiguar su efecto en la economía; y de manera muy especial en las familias. Con un IPC desorbitado está asegurada la caída del consumo, el principal motor de la economía de libre mercado. Una coyuntura actual tan desfavorable, que los propios organismos internacionales y los expertos vaticinan que se prolongará durante todo el próximo año como mínimo, obliga a la puesta en marcha de mecanismos compensatorios que, y hay que insistir en ello, no deben circunscribirse al ámbito de lo público; las empresas privadas tampoco deben quedar al margen de esta dinámica.