El gobierno de coalición en la Generalitat de Catalunya, formado por ERC y Junts, ha pasado a la historia. En un nuevo ejercicio de irresponsabilidad e incoherencia de la política catalana, 3.000 militantes de Junts, que representan el ala radical de esta formación, han roto el Ejecutivo y sitúan al presidente, Pere Aragonès, en una difícil minoría. Está obligado a realizar ejercicios de prestidigitación política al contar con el exiguo apoyo de sólo los 33 diputados de ERC en el Parlament de Catalunya. Los grupos de la oposición, a los que se acaba de añadirse JxCat, suman 102 diputados. Se abre, por tanto, un periodo de inestabilidad y de incertidumbre con la renuncia de los seis consellers de Junts. Aragonès afirma que, a pesar de esta soledad parlamentaria, piensa continuar gobernando «por responsabilidad». Descarta la convocatoria de elecciones mientras busca complicidades, para lo que tiende la mano a otros grupos. Aragonès, que aún no ha encontrado una salida, planea un Govern en solitario con el apoyo de los comunes y el veto al PSC-PSOE. Los socialistas habían ofrecido su apoyo a los presupuestos.
Los personalismos y vetos de Borràs.
Desde el resentimiento, la imputada por corrupción presidenta de Junts, Laura Borràs, apartada de la presidencia del Parlament, reclama elecciones anticipadas o que Aragonès se someta a una cuestión de confianza. «Junts gana, Aragonès pierde», proclama Borràs, que con Carles Puigdemont ha convertido la política catalana en un juego de personalismos y vetos.
Govern con duración incierta.
Corresponde a ERC afrontar este nuevo ciclo político con un Govern monocolor que incorporará a independientes, pero de duración muy incierta. Están en el aire los presupuestos autonómicos de Catalunya, donde aumenta la tensión con el interrogante del futuro de Junts, que, desde la radicalización, reivindica la pulsión independentista en lugar de apostar por el diálogo, la negociación y el entendimiento.