El desalojo, por orden judicial, de una familia que moraba de forma irregular una vivienda en Llucmajor ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de acelerar las soluciones que ofrecen las instituciones en casos extremos. El inmueble, propiedad de una entidad financiera, albergaba a un grupo familiar con hasta seis de sus integrantes con severas discapacidades, los cuales, con el acompañamiento de Stop Desnonaments, una vez desalojados se concentraron en la sede del Consistorio de la localidad mallorquina. Hasta medio centenar de agentes se han desplazado para dar cumplimiento a la decisión del juez en un proceso que se ha prolongado por espacio de cuatro años.
Solución compleja.
Lo más paradójico de este asunto es que los servicios sociales del Ajuntament llevan años trabajando en la búsqueda de una solución, la cual, a la vista del resultado final, sólo ha resuelto la cuestión legal, pero ha agravado sus consecuencias sociales. La legítima reclamación legal de la propiedad ha puesto de manifiesto la incapacidad de las diferentes administraciones, con independencia de su ámbito competencial, de resolver un problema como el de una familia sin recursos y con muchos de sus integrantes discapacitados. La calle –y de eso no hay duda– no puede ser la respuesta final.
Lograr un cobijo digno.
Lo ocurrido en Llucmajor es un caso extremo, pero no único. El mercado inmobiliario expulsa a segmentos cada vez más amplios de la población, incluso a aquellos que están fuera de la marginalidad. Hacen falta viviendas dignas y asequibles en Balears. Los hechos en Llucmajor pueden repetirse en cualquier momento en otro pueblo o ciudad de las Islas. Además, la reacción debe ser más rápida. Ayer, bajo la lluvia, se vivía el fracaso de un modelo de asistencia social carente de todos los recursos necesarios.