Tras siete años sin convocarse el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió abrir el turno de intervenciones con un importante paquete de medidas económicas para tratar de desmentir a aquellos que le acusan de pasividad en este frente. Así, y con la más que probable sugerencia de Unidas Podemos, anunció la creación de un impuesto a las grandes corporaciones –bancos y compañías eléctricas– durante los próximos dos años con los que el Gobierno recaudará 7.000 millones de euros. La respuesta de las Bolsas fue inmediata con caídas importantes, aunque se moderaron a medida que avanzó la jornada.
Controlar la inflación.
El gran reto del Gobierno español, al igual que el resto de países occidentales, es tratar de controlar el proceso inflacionario derivado, en buena medida, del conflicto bélico en Ucrania. Las duras sanciones impuestas a Rusia están rebotando en las empresas y en los bolsillos de los consumidores. En este capítulo, Sánchez ha lanzado diversas propuestas cuyo impacto será limitado. Quizá el más novedoso sea la gratuidad del transporte ferroviario, aunque cabe señalar que deja –de momento– a Balears fuera del plan de ayudas. Las otras propuestas tienen un efecto más limitado, circunstancia que contrasta con el vaticinio de que se aproximan tiempos con turbulencias económicas.
Un debate de trámite.
Los próximos meses serán determinantes para poder calibrar si este ‘reestreno' del debate del estado de la nación ha sido un mero trámite o, por el contrario, ha logrado frenar el deterioro económico de las empresas y familias españolas. La incertidumbre se va extendiendo a pesar de la excepcional temporada turística que registran todas las zonas. El foco germinal –la guerra en Ucrania– no tiene visos de acabar a corto plazo en una campaña en la que la ofensiva rusa no se detiene. La caída de la cotización del euro es un presagio preocupante.