El escrito de la Fiscalía dado a conocer este jueves en el que reclama al empresario Bartolomé Cursach una pena de 1,5 años de cárcel en la vista oral que se iniciará el próximo 12 de este mes de junio confirma, y hay que señalar que por desgracia, la perversa instrucción del ‘caso Cursach' a cargo del juez Penalva y el fiscal Subirán. Aunque se mantienen algunas acusaciones particulares, la revisión del expediente rebaja, y mucho, el número y gravedad de las supuestas irregularidades de las que se quería responsabilizar al conocido promotor del ocio nocturno, entre otras actividades. Cabe señalar que inicialmente la Fiscalía mantenía una petición de ocho años de cárcel para Cursach.
Efecto personal y empresarial.
Con la conclusión final a la que ha llegado la Fiscalía cabe preguntarse por el impacto emocional y económico que tuvo la caótica investigación que llevaron a término el juez Penalva y el fiscal Subirán. Conviene recordar los meses de prisión preventiva que se dictaron para Cursach y algunos de los imputados, además de provocar el desmantelamiento del grupo empresarial que lidera Bartolomé Cursach; obligado a desprenderse de algunas de sus instalaciones más emblemáticas. En estas circunstancias es necesario preguntarse cómo se ha podido llegar hasta esta situación, qué falla en nuestro sistema judicial que puede poner en la picota a decenas de personas sin una mínima base probatoria mientras su prestigio social queda mancillado y sus recursos económicos destrozados.
Evitar el prejuicio.
Cabe esperar que el juicio del ‘caso Cursach' aclare todos los extremos que merecieron su apertura, pero en todo caso queda claro que el tándem formado por el juez Penalva y el fiscal Subirán actuaron en base a prejuicios e indicios no contrastados para hundir el entramado empresarial creado por Bartolomé Cursach. Lo sucedido debería ser una lección para garantizar que lo ocurrido no se repita.