La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha concedido una extensa entrevista a este diario cuando encara el último año de la legislatura; una de las más difíciles y complicadas de la autonomía balear. La pandemia provocada por la COVID-19 ha marcado, sin duda, la gestión institucional en Balears para tratar de paliar su impacto en la salud pública, pero también en su economía. La sociedad de las Islas vivió con especial crudeza el azote del virus, con sus trágicas consecuencias en la cifra de fallecidos e infectados y también en la crisis provocada en el sector turístico. De ambos retos, la presidenta ha logrado labrarse un prestigio personal, reconocido por amplias capas de la ciudadanía y entre los agentes sociales.
Objetivos definidos
Uno de los aspectos más notables del papel político de Armengol durante la legislatura ha sido, sin duda, la capacidad de reivindicar ante el Estado las necesidades de Baleares; priorizar las exigencias para garantizar la llegada de fondos y recursos con los que paliar las necesidades básicas de la sociedad. Lograr sensibilizar al Gobierno del escenario real al que se hacía frente en las Islas, como consecuencia de la pandemia, es uno de los activos de una política obligada a potenciar el diálogo como estrategia; tanto con sus socios –evitando crisis serias en el Govern– como con los principales interlocutores sociales.
Las claves de futuro
El último año de la legislatura es siempre el más complicado para cualquier político. Es un período en el que se pone en juego todo lo conseguido en los años previos. En esta tesitura se encuentra Armengol. Definir el futuro del turismo –con la imposición de fórmulas para el decrecimiento de la oferta–, garantizar una prestación de calidad en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación y resolver el acceso a una vivienda asequible para los jóvenes son temas clave en este momento crucial.