El conjunto de la Unión Europea ha dado el visto bueno a lo que se denomina ‘excepción ibérica', la iniciativa de España y Portugal que permitirá limitar –de manera temporal– el precio de la electricidad al desligarlo del gas. Es un proyecto con el que se había comprometido personalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida no tendrá un efecto inmediato en el recibo de la luz. Se calcula que la rebaja podrá aplicarse en un plazo de tres a cuatro semanas, según la ministra del ramo, Teresa Ribera. La oposición se muestra escéptica respecto a los resultados de la apuesta española.
Escalada insostenible
El presidente Sánchez ha logrado un importante triunfo político con el acuerdo de la cumbre de la Unión Europea, siempre vinculada a la efectividad de su plan para frenar el alza en el precio de la luz que castiga tanto las economías familiares como las empresas. La subida de la factura energética en los últimos meses ha generado un evidente clima de insatisfacción social, expresado por el conflicto de los transportistas y el amarre de la flota pesquera. Todo ello, a consecuencia de una inflación galopante que ahora el Gobierno trata de atajar. El recorte de márgenes empresariales y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores dibujan un escenario que lastra las expectativas de crecimiento económico para el presente ejercicio.
Los resultados
La comprometida apuesta de Sánchez tras la aceptación de su plan por parte de la Unión Europea de la ‘excepción ibérica', que engloba a los dos países peninsulares, queda ahora a expensas de los resultados. La rentabilidad política de las gestiones del presidente quedan condicionadas por los resultados y los consumidores esperan que el compromiso arrancado de Bruselas acabe teniendo su reflejo en los recibos de la luz. De no ser así, sus consecuencias pueden ser nefastas.