Palma necesita con urgencia un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se adapte a la nueva realidad demográfica de Ciutat y sea útil a los gestores municipales de los próximos veinte años. Sea cual sea el color político de las administraciones municipales por venir durante las próximas décadas. Para lograrlo, resulta fundamental que la nueva planificación urbanística se apruebe en base, si no a totales, sí a amplios consensos. Voluntad de acuerdo que en absoluto se da entre el actual equipo de gobierno en Cort y el principal partido de la oposición.
Debate responsable y reposado.
El Partido Popular ya ha amenazado en llevar el PGOU a los tribunales si el Consistorio del alcalde Hila no paraliza la aprobación del texto tras el periodo de alegaciones. Un impase que bien es cierto podría servir para introducir enmiendas encaminadas a concitar aquiescencias entre gobierno y oposición, y hacer del nuevo plan una herramienta más útil y de mayor alcance, toda vez, según los ‘populares', el actual redactado presenta múltiples irregularidades y carece de seguridad jurídica. Unas fallas que podrían enmendare mediante un debate serio, responsable y reposado de las alegaciones. Sin embargo, su judicialización, tal y como la plantea el PP, es en ningún caso la mejor opción.
Sin margen para más dilaciones.
El actual PGOU de la capital balear se rige por unos datos del año 1998. Más de dos décadas después, la ciudad, tanto en lo territorial como en lo social, difiere notablemente de entonces. Cualquier retraso añadido a la renovación del Plan General no haría otra cosa que profundizar en su obsolescencia y desconexión de la presente realidad palmesana. Y es justo esta inadmisible dilación lo que abocaría un posible recurso del PP ante los tribunales de justicia. Como decíamos al principio, la aprobación del nuevo ordenamiento urbanístico es perentorio. Tanto como su utilidad a largo plazo. Para ello, urge también el entendimiento entre partidos.