El que la presidenta de Baleares, Francina Armengol, pretenda que el Gobierno central condone la deuda de 4.000 millones que la Comunitat Autònoma tiene contraída con el Estado no puede entenderse como un favor o un privilegio. Al contrario, responde a la necesidad de compensar, en parte, las décadas de un modelo de financiación obsoleto. La propuesta que se formula desde el Consolat de Mar tampoco es excepcional, basta recordar el ‘perdón' de la deuda acumulada sólo de la sanidad andaluza –unos 1.200 millones– hace más de una década.
Equiparación de servicios
De manera sistemática, los diferentes gobiernos de las Islas se han visto en la obligación de recurrir al endeudamiento para poder mantener unos servicios públicos dignos, una financiación complementaria imprescindible a los recursos asignados por el modelo estatal. En caso contrario, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y el resto de infraestructuras en Baleares no serían comparables, por deficientes, con otras comunidades. El endeudamiento supera los nueve mil millones, de los que cinco mil corresponden a bancos y el resto a fondos públicos. Para el 2022, los Presupuestos del Estado incluyen mecanismos de corrección importantes, en buena medida como activación del Régimen Especial. Sin embargo, es injusto dejar pendiente la deuda acumulada de años atrás.
Una cuestión de equidad
La reclamación de Armengol al presidente Sánchez permitirá que Baleares obtenga el mismo trato que otras autonomías, además de colocarse en la casilla de salida de esta nueva etapa en las mismas condiciones que el resto. Las Islas no pueden ser contempladas, como ha venido ocurriendo, como un pozo económico del Estado para extraer recursos de manera casi ilimitada; incluso hasta agotarlos. Madrid no puede ser insensible a una petición justa como la que se formula desde el Consolat de Mar.