El compromiso de modificar el actual modelo de financiación autonómica por parte del Gobierno, una exigencia incumplida desde hace ya varias legislaturas, ha abierto un amplio debate entre los diferentes gobiernos regionales. Ayer, convocados por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ocho comunidades –Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja– defendieron una fórmula que favorezca la llamada ‘España vacía'; zonas con una baja población en territorios extensos que encarecen y dificultan la prestación de servicios públicos esenciales. En el extremo opuesto se sitúa Balears, que reclama la compensación necesaria para atender a una enorme población flotante.
Recursos limitados
Aplazar la reforma del sistema de financiación autonómica ha sido, al menos hasta ahora, la única decisión que ha tomado el Gobierno; con independencia de su color político. Con unos recursos limitados, un reparto que resuelva las necesidades de las comunidades es poco menos que imposible. El foro convocado por Feijóo expone una problemática tan real como casi incompatible con el de gobiernos como el balear, obligado a soportar un gasto o inversión en sanidad, red viaria y de depuración de aguas –por citar sólo tres ejemplos– que no computa en el trasvase de fondos estatales.
Evitar los parches
El Régimen Especial de Baleares ha logrado paliar, en parte, el agravio financiero de las Islas, pero el problema de fondo sigue vigente. Es preciso alcanzar un acuerdo global que evite las enormes diferencias que sufren algunas comunidades respecto a otras, beneficiarias de grandes inversiones estatales. Tan legítimas son las exigencias de la ‘España vacía' como las de aquella que atiende a millones de visitantes que generan pingües beneficios al Estado. Hay que encontrar el punto medio que resuelva la viva tensión interterritorial del país.