El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salvó este martes la crisis más importante de la legislatura entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, a costa de la reforma laboral. El encuentro ayer con las dos vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, respectivamente, se salda con el acuerdo político de derogar la normativa aprobada por el Partido Popular en 2012 y que había sido sugerida por la Unión Europea para evitar el rescate económico. El comunicado final despeja las tensiones políticas entre socialistas y ‘podemitas', pero deja en el aire el alcance de las modificaciones en el mercado laboral.
La letra pequeña.
La mediación de Sánchez ha sido eficaz en la medida que deja resuelta la trascendencia política del desencuentro entre socialistas y morados, pero deja en manos de cada una de las vicepresidentas el alcance de la «derogación» del vigente marco laboral. Da la impresión que el texto ya está muy cerrado con los sindicatos, pero la exigencia del PSOE de que el documento final también sea asumido por la patronal abre numerosas incógnitas. No parece sencillo cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea –cuyas ayudas son vitales para la recuperación económica de España– y superar las reticencias del empresariado sin cambios superficiales en el marco de la legislación laboral. Falta por saber qué se entiende ahora por derogación.
Compromisos políticos.
El acuerdo de este martes revalida los pactos de legislatura que suscribieron PSOE y Unidas Podemos. Es el principal argumento de las exigencias de Díaz para llevar adelante su iniciativa. Las próximas semanas determinarán si es posible cumplir con las exigencias de cada una de las partes, aunque resulta obvio que el interés por dar estabilidad al Gobierno se ha impuesto en este entendimiento a tres bandas. Este parece ser el fundamento esencial.