Desde hace casi tres años, cuando trascendieron a los medios de comunicación los primeros casos de la explotación sexual de menores tuteladas, el rosario de incidentes que se van conociendo dibuja un escenario mucho más que preocupante. La reiteración de situaciones casi calcadas revela que no se está ante un fenómeno esporádico. Al contrario, todo indica que se está ante un problema social que es urgente atajar. Las instituciones públicas de Balears involucradas no pueden seguir dando la espalda a un conflicto que ya hay que considerar crónico y muy grave, asumiendo sus responsabilidades y, lo que todavía es más importante, aportando soluciones.
Goteo incesante de conflictos.
Un repaso a la hemeroteca revela que son escasas las semanas en las que no hay alguna referencia a incidentes vinculados con centros tutelados, en especial aquellos que se gestionan en régimen abierto. Menores abusadas, conflictos con el vecindario, incidentes entre internos, agresiones... El abanico de casos refleja que la situación está fuera de control, aunque todavía se desconocen las razones ya que éstas pueden ir desde la falta de medios hasta la aplicación errónea de los protocolos de vigilancia y sanción. Pero hay que insistir. Lo que sucede es inadmisible y deben adoptarse medidas urgentes para detener esta espiral de acontecimientos protagonizados por jóvenes y adolescentes cuya formación está bajo la responsabilidad de la Administración.
Colectivo complejo.
No cabe duda de que el trabajo en los centros tutelados es difícil y complejo, pero la conflictividad que se da en las Islas –y de manera muy especial en Mallorca– no tiene parangón con otras comunidades. Es un detalle que obliga a revisar qué es lo que no se está haciendo adecuadamente y actuar en consecuencia. Lo que sucede ahora es la prueba de un fracaso colectivo.