Hasta 110 denuncias presentadas ante la Oficina Anticorrupció, que dirige Jaime Far, se encuentran pendientes de tramitación por la falta de recursos disponibles. Hasta ahora, según datos del propio organismo, sólo un 5 por ciento de las comunicaciones recibidas ha tenido recorrido administrativo o penal. Desde que se constituyó, en 2018, este departamento –dependiente del Parlament balear– tiene por resolver el 48 por ciento de las informaciones registradas de presuntas conductas irregulares en la Administración. Los datos ponen de nuevo sobre la mesa el debate sobre la eficacia de la Oficina.
Un golpe de efecto.
La creación de la Oficina Anticorrupció durante la pasada legislatura generó una notable polémica, debido a la escasa claridad de sus funciones que colisionan con la de la Fiscalía Anticorrupción y una notable falta de medios. La puesta en marcha del departamento encabezado por Jaime Far pretendía ser un gesto político para frenar el deterioro de la imagen institucional ante los ciudadanos, dada la profusión de casos que se investigaban en las instancias judiciales. Sin embargo, la cuestión de fondo sigue pendiente de resolver, como es la superposición de funciones entre el organismo autonómico y el judicial. Una duplicidad que sigue sin poderse justificar.
Acelerar la eficacia.
Ante unos hechos consumados, Anticorrupció no tiene otra opción que justificar su existencia enfatizando su eficacia frente a los ciudadanos. El que los expedientes se acumulen en un organismo que apenas tiene tres años desde su creación sólo crea desconfianza, más cuando su labor es tan delicada como la de aportar transparencia en la Administración. Far, como máximo responsable de la Oficina tiene por delante una ardua tarea para dotarla de credibilidad, y el mejor método es ser resolutiva en los temas que aborda. No es sencillo, pero las soluciones no pueden demorarse más.