La inflación interanual ya ha alcanzado en España durante este mes de septiembre el 4 por ciento. Es un índice que no se repetía desde el año 2008. Los precios de la electricidad y de los carburantes no dejan de subir y su impacto económico puede acabar siendo insostenible si no se arbitran medidas urgentes para frenar esta escalada. La repercusión más grave caerá sobre las clases desfavorecidas de la sociedad y, por supuesto, sobre las empresas. En esta dinámica, no cabe duda, también influye la súbita recuperación de la actividad económica coincidiendo con el fin de la pandemia.
Productos más caros.
El repunte inflacionario tiene una repercusión inmediata en la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, entre otras razones, debido a que los incrementos salariales –si es que han existido– quedan muy alejados de este 4 por ciento acumulado en los últimos doce meses. Esta situación acabará lastrando la actual fase de recuperación, una combinación compleja pero que necesita reequilibrarse con urgencia y sobre la que hay, por el momento, un preocupante silencio por parte del Gobierno. Los márgenes de maniobra son ajustados, pero es más que evidente que la pasividad ante este fenómeno sólo logra ampliar la cifra de damnificados.
Pérdida de competitividad.
Es fácil imaginar que el alza sostenida de dos productos esenciales como la luz y las gasolinas y su efecto en las empresas y en las economías domésticas es muy grave. De manera gradual y sostenida, la actividad empresarial –en todos los ámbitos– se está viendo muy afectada. Y de manera negativa. Esta dinámica actual no puede prolongarse por mucho tiempo más en las condiciones actuales. Una inflación del 4 por ciento es un índice desconocido en décadas en nuestro país y lanza un mensaje cuando menos inquietante ante el que no se puede permanecer impasible.