Cuando faltan pocos días para que se cumplan tres años de las trágicas inundaciones del Llevant, una riada en la que el pueblo de Sant Llorenç pagó un elevado tributo en vidas humanas y pérdidas económicas, muchas promesas continúan en el aire. Durante todo este tiempo siguen pendientes cuestiones básicas para evitar que vuelva a repetirse un episodio similar. Las instituciones todavía no han aplicado las medidas urbanísticas que garanticen la seguridad de los vecinos en las zonas inundables de la Isla. La cuestión es grave. Lo ocurrido en la tarde del fatídico 9 de octubre de 2018 puede volver a repetirse en cualquier lugar de nuestra geografía; un riesgo sobre el que no se pueden escatimar recursos.
Coordinación y celeridad.
La inquietud ciudadana está más que justificada en las actuales circunstancias. El golpe emocional que supuso aquella riada en toda la comarca sigue muy presente. En estas circunstancias parece lógico que los vecinos se interesen por las soluciones y es entonces cuando apenas hay avances, más cuando se trata de ejecutar importantes proyectos de infraestructuras no sólo en Sant Llorenç; también en el resto de municipios en los que puede producirse una situación similar. Desde el Govern se ha anunciado una partida de hasta 30 millones de euros, pero siguen sin ejecutarse en las zonas con riesgo de inundación las prescripciones urbanísticas. La toma de decisiones no puede acabar siendo un peloteo entre el Govern y el Consell.
Advertencias serias.
La práctica totalidad de la comunidad científica ha dejado claro que los episodios como el vivido en 2018 pueden repetirse y cada vez con más frecuencia. El cambio climático muestra una tendencia inexorable, que es temerario querer ignorar. Con estos precedentes, las instituciones tienen que activar todos los mecanismos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En esto no hay excusa posible.